ALTO AL PROGRAMA 287(G)

Todos los inmigrantes hacen nuestras comunidades más fuertes. Son parte de nuestras familias, comunidades, lugares de trabajo y espacios de fe. Y en este momento, muchos inmigrantes en Nebraska están viviendo con miedo por la maquinaria de deportaciones masivas de la administración de Trump y por las violaciones de derechos básicos.

Varias agencias policiales de Nebraska ahora apoyan directamente esos esfuerzos a través de lo que se llama un acuerdo 287(g), un programa de colaboración para deportaciones que en la práctica convierte a alguaciles y policías locales en agentes de inmigración. Estos acuerdos dañan la seguridad comunitaria porque desvían recursos de las verdaderas necesidades locales de seguridad pública y hacen que muchas familias inmigrantes teman denunciar cuando son víctimas de un crimen. También fomentan el perfil racial, lo que lleva a que algunos oficiales usen el color de piel como justificación para detener o investigar a alguien.

El presidente Donald Trump hizo campaña prometiendo remover a 20 millones de personas del país – más del 5% de nuestra población. Él y su administración cuentan con la policía local para hacerlo posible.

Todos podemos ayudar a proteger nuestras comunidades alzando la voz en contra de las asociaciones 287(g) en Nebraska.

• Oficina del Sheriff del Condado de Banner (Modelo de Fuerza de Tarea)
• Oficina del Sheriff del Condado de Brown (Modelo de Aplicación de la Ley en Cárceles, Oficial de Cumplimiento de Órdenes Judiciales y Modelo de Fuerza de Tarea)
• Oficina del Sheriff del Condado de Dakota (Modelo de Aplicación de la Ley en Cárceles)
• Patrulla Estatal de Nebraska (Modelo de Fuerza de Tarea)
• Oficina del Sheriff del Condado de Sioux (Modelo de Fuerza de Tarea)
• Oficina del Sheriff del Condado de Wheeler (Modelo de Fuerza de Tarea)

El programa 287(g) tiene tres modelos. Todos son dañinos.

• Modelo de Fuerza de Tarea (Task Force Model): Es la forma más amplia de acuerdos 287(g). Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) lo describe como "un multiplicador de fuerza". Delegan a los agentes de las fuerzas del orden locales la autoridad de llevar a cabo acciones de inmigración durante paradas de tráfico y otros operativos en la calle. Este modelo fue abandonado hace años después de que investigaciones del Departamento de Justicia encontró patrones de perfil racial y discriminación en condados participantes.
• Cumplimiento de Órdenes Judiciales (Warrant Service Officer Model): Significa que si una persona es ingresada en una cárcel local (acusada pero no condenada), los oficiales locales pueden seguir deteniéndola después de que pague la fianza, con base en una order administrativa de ICE. También permite que el oficial transfiera a esa persona a un centro de detención de ICE a más largo plazo.
• Modelo de Cumplimiento en Cárceles (Jail Enforcement Model): Funciona de manera similar, facilitando la aplicación de leyes de inmigración en cárceles locales y asignando a oficiales de correcciones tareas para las que no están capacitados. Este modelo delega ciertas autoridades migratorias a agencias estatales y locales para identificar a inmigrantes bajo custodia y canalizarlos a procesos de deportación.

En otras palabras, estos convenios permiten situaciones como que un policía interrogue a alguien sobre su estatus migratorio o que cárceles locales sigan reteniendo a una persona después de una infracción menor —por ejemplo, una persona cuidadora que ha vivido en Estados Unidos por años— hasta que ICE llegue a llevársela.

Estos programas no crean seguridad; crean miedo.

En lugar de hacer que las comunidades sean más seguras, este programa debilita la seguridad pública al erosionar la confianza en las autoridades policiales locales y desalentar a las familias inmigrantes de presentarse cuando son víctimas de un delito.

Todas las personas en Nebraska, sin importar su estatus migratorio, quieren vivir en libertad, participar en sus comunidades y cuidar de sus seres queridos. Pero para muchas, las acciones antiinmigrantes a nivel estatal y federal generan el temor de que cualquier interacción con una agencia gubernamental pueda tener consecuencias catastróficas para ellas o algún familiar. Un acuerdo 287(g) amplifica este miedo.

Y es un miedo comprensible. Los acuerdos 287(g) son completamente voluntarios. Las autoridades policiales locales no tienen obligación alguna de participar en el programa ni de hacer cumplir las leyes de inmigración. Al firmar uno de estos acuerdos, las autoridades policiales envían un mensaje claro e inconfundible a las comunidades locales: que los oficiales podrían enfocarse en ellas o en sus familias.

Aunque algunos funcionarios han intentado justificar su participación en los acuerdos 287(g) como una medida de seguridad pública, la realidad es simple: la gran mayoría de las personas detenidas por ICE no tienen antecedentes penales. Y los estudios sobre el programa 287(g) han demostrado desde hace tiempo que, en realidad, este programa debilita la seguridad pública al disminuir la confianza en las autoridades policiales locales y desviar recursos de la investigación de delitos graves. Por eso muchos líderes policiales han rechazado las invitaciones para unirse al programa. Algunos incluso han pedido su eliminación definitiva.

Los programas 287(g) pueden afectar negativamente aun si los miembros de la comunidad son tratados de manera igualitaria y justa, sin importar su raza, etnia u origen nacional. Cuando las autoridades policiales locales asumen el papel de agentes federales de inmigración, se les exige tomar decisiones sobre áreas complejas de la ley federal, muy por encima de su capacitación y de sus funciones ordinarias. Estudios recientes muestran el riesgo: cuanto más se les exige a los oficiales interpretar e investigar leyes migratorias federales complejas, mayor es el riesgo de que se incurra el perfil racial.

A nivel nacional, las autoridades federales pusieron fin al acuerdo 287(g) del Condado de Maricopa, Arizona, después de que una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) encontrara un “patrón o práctica de discriminación generalizada contra personas latinas”. En Alabama, el 58% de las personas detenidas por un oficial designado bajo el programa 287(g) se identificaron como hispanas o latinas, a pesar de que esos grupos representaban menos del 2% de la población.

En cuanto a Nebraska, el primer sheriff en adoptar un acuerdo 287(g), el sheriff del Condado de Dakota, Chris Kleinberg, recibió en 2021 una comunicación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre “comportamientos discriminatorios que afectan directamente los encuentros migratorios de su oficina.”

Incluso antes del reciente crecimiento acelerado de los acuerdos 287(g), los conductores en Nebraska que se identificaban como hispanos o latinos estaban drásticamente sobre representados en las detenciones de tránsito —participando en el 16% de todas las paradas de tráfico en 2024— más del doble del porcentaje registrado hace apenas una década. Con la administración Trump ahora cubriendo los costos de salarios y beneficios de los oficiales participantes e incluso ofreciendo bonos en efectivo por la “localización exitosa” de nuestros vecinos inmigrantes y por su asistencia en los esfuerzos de deportación de ICE, es muy probable que las agencias participantes apunten de manera desproporcionada a miembros de la comunidad basándose en el color de piel, el acento o el apellido.

Si vive en una comunidad con un acuerdo 287(g), comuníquese con su sheriff local y con los comisionados del condado para expresar sus preocupaciones sobre el programa. Hágales saber que desea que las autoridades policiales locales se concentren en las necesidades de la comunidad, no en una agenda antiinmigrante.

Si vive en una comunidad sin un acuerdo 287(g), trabaje para mantenerla así. Comuníquese con su jefe de policía, sheriff, concejal, alcalde o comisionado del condado y dígales que no quiere que se implemente un acuerdo 287(g) en su comunidad.

Finalmente, debemos asegurarnos de que el gobernador Jim Pillen escuche nuestras preocupaciones sobre su decisión de asignar a la Patrulla Estatal de Nebraska tareas de aplicación de leyes de inmigración, y que el liderazgo de esa institución reciba el mismo mensaje.